jueves, 3 de mayo de 2012

Expropiación: así en América como en España

Llevamos un par de semanas que no ganamos para sustos tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Primero ha sido Argentina y ahora Bolivia, sin tener en cuenta que en Venezuela hace un tiempo también llevó a cabo la nacionalización de la filial de un banco español.

El problema de una expropiación o nacionalización no es que sea a una empresa española, o más bien, con sede en España, porque los propietarios últimos no tienen por qué ser españoles. Lo preocupante es que viola el derecho de propiedad, ya que el intercambio se realiza de manera forzosa. Aunque se hable de justiprecio, el único precio justo es aquel en el que las dos partes que realizan un intercambio de forma libre y voluntaria.En cambio en este caso, el Estado, ya sea venezolano, argentino o boliviano decide de forma unilateral pagar un cantidad y quedarse con la empresa, a lo sumo puede la empresa intentar mejorar la cantidad, nada más.

Una vez aclarado esto, en España si salimos a la calle y preguntamos, seguramente muchos dirán que es un atropello y que les parece mal lo que ha ocurrido en estos países, es más, en el caso de YPF, nuestro gobierno saltó con más o menos acierto para defender las posiciones españolas, considerando intolerable la expropiación. Parece que en España casos como el de estas empresas no se pueden dar, pero eso es totalmente falso, quien tenga un mínimo de edad recordará el caso RUMASA y a Ruiz Mateos montando el numerito a la puerta de los juzgados.

Navegando un poco por Internet encontré en El blog salmón la entrada ¿Qué es una expropiación forzosa? donde explican qué es, las características, condiciones, etc. Sólo quiero copiar aquí el artículo 33.3 de nuestra constitución:

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Es decir, en España la propiedad privada está sujeta en todo momento a la utilidad pública o interés social, por tanto,  si un día un gobierno se levanta totalitario y quiere nacionalizar toda propiedad privada no hay ningún impedimento legal ni constitucional, cuando precisamente la vida y la propiedad debería estar las primeras (y casi únicas) en los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.

Por tanto si a este gobierno le parece tan horrible lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, debería derogar esas leyes en España para evitar que ocurra lo mismo tanto a empresa extranjeras como nacionales dentro de nuestro territorio.

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